1 de julio de 2025

05. Servicio público de educación superior

Proyecto de ley ordinaria 212/2024-S

«Por la cual se modifica parcialmente el capítulo V del título III de la Ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones”.

El Proyecto de Ley 212 de 2024-S propone una modificación parcial a la Ley 30 de 1992, norma fundamental del régimen jurídico de la educación superior en Colombia. En concreto, esta iniciativa se enfoca en ajustar el capítulo V del título III, que regula aspectos centrales de la organización, financiación, autonomía y funciones de las instituciones de educación superior (IES) en el país.

El objetivo principal del proyecto es modernizar y actualizar el marco normativo de la educación superior, respondiendo a los desafíos contemporáneos del sector, tales como la necesidad de una mayor equidad en el acceso, el fortalecimiento del financiamiento público, la mejora en la calidad académica, la inclusión de enfoques diferenciales, y el reconocimiento de las nuevas dinámicas tecnológicas y sociales que atraviesan el sistema educativo.

Dentro de los cambios propuestos, se destacan aspectos relacionados con:

  • El fortalecimiento de la autonomía universitaria, con mayor claridad en sus límites y alcances;
  • Nuevos criterios de asignación de recursos, buscando asegurar una financiación más justa y sostenible para las IES públicas;
  • La articulación entre educación superior y el sector productivo y social, impulsando programas más pertinentes y con mayor impacto regional;
  • La inclusión de poblaciones históricamente excluidas del sistema de educación superior;
  • Y posibles ajustes a los mecanismos de control, inspección y vigilancia por parte del Estado.

Este proyecto se enmarca en los debates de largo aliento sobre la reforma estructural del sistema de educación superior colombiano, en un contexto de alta demanda por cobertura, presión sobre la calidad, y exigencias por mayor eficiencia y democratización del acceso.

De aprobarse, el Proyecto de Ley 212 de 2024-S representaría un avance hacia un modelo más equitativo, flexible e inclusivo de educación superior, alineado con los principios constitucionales del derecho a la educación, la función social del conocimiento y la construcción de una sociedad más democrática y participativa.